| La Cámara Minera de México (Camimex) alertó que la modificación al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, actualmente en discusión en el Congreso, provocaría “graves afectaciones” para las operaciones mineras y la seguridad nacional al limitar la construcción de infraestructura esencial en amplias zonas del país.
El gremio señaló que la redacción considerada por la Cámara de Diputados prácticamente impediría desarrollar instalaciones en regiones montañosas, donde se ubica la mayoría de las operaciones mineras formales. En un comunicado, enfatizó que la industria “no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”.
Camimex explicó que los residuos del beneficio de minerales se gestionan con infraestructura especializada diseñada conforme a la normatividad nacional y alineada con estándares internacionales estrictos. Agregó que la construcción de depósitos de residuos y obras para el manejo de aguas residuales es esencial para operar de manera segura y responsable, y que su autorización “no implica la realización de descargas en cuerpos de agua”, sino el cumplimiento de obras reguladas y supervisadas por la autoridad.
La organización advirtió que la prohibición planteada en el Artículo 118 afectaría directamente la continuidad operativa del sector y frenaría la producción de metales y minerales indispensables. Además, sostuvo que la medida “carece de fundamento” y pondría en riesgo la actividad económica de más de 3 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la minería.
La cámara insistió en que la legislación debe aclarar que los residuos mineros se confinan de forma segura, considerar la compleja geografía del país —donde las prohibiciones actuales resultarían inviables— y reconocer la necesidad de autorizaciones y supervisión permanente para infraestructura ubicada en zonas federales, indispensable para el cumplimiento ambiental.
La organización reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno federal en un marco regulatorio “eficaz, sustentable y alineado con los objetivos nacionales”. Recordó que la minería responsable aporta minerales estratégicos y es un pilar para la economía, la competitividad y la seguridad nacional y regional.
La discusión avanza mientras el Congreso entra en la fase decisiva para aprobar la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales antes de mediados de diciembre, en un contexto marcado por preocupaciones de agricultores y usuarios de pozos sobre nuevas restricciones y mayor control estatal.
Fuente: Bnamericas |
