Estonia sacrifica 26.000 cerdos por nuevos brotes de peste porcina africana

Desde junio, Estonia enfrenta una nueva oleada de peste porcina africana (PPA) en sus explotaciones porcinas. Hasta el 13 de agosto se habían confirmado siete brotes que obligaron al sacrificio de cerca de 26.000 animales en distintas regiones del país.
La expansión del virus responde tanto a la presencia persistente de PPA en jabalíes como a episodios ligados a la actividad humana, incluyendo el traslado de vehículos, materiales y equipos contaminados.
Uno de los focos más controvertidos se registró en Viljandi, donde una granja solicitó análisis independientes antes del sacrificio. Aunque varias muestras posteriores arrojaron resultados negativos, las autoridades recordaron que retrasar la eliminación de los animales puede violar la normativa comunitaria y acarrear sanciones, además de poner en riesgo las exportaciones de carne de cerdo del país.
La Junta de Agricultura y Alimentación (PTA), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Regionales y Agricultura, coordina las medidas de control junto a laboratorios nacionales, ministerios y equipos contratados. Entre las acciones adoptadas figuran:
Pruebas diagnósticas en animales sospechosos.
Cuarentenas y restricciones de movimiento.
Sacrificios obligatorios de acuerdo con la normativa nacional y de la UE.
Eliminación segura de cadáveres mediante la empresa AS Vireen.
En casos polémicos, envío de muestras a laboratorios extranjeros para su confirmación.
Las autoridades recalcan que la eliminación rápida de los rebaños afectados es la estrategia más eficaz para frenar la propagación del virus. Sin embargo, la desconfianza en los resultados de los laboratorios nacionales y la falta de comunicación clara han derivado en protestas ciudadanas.
En la granja Nurme de Viljandi, el sacrificio de 4.500 cerdos fue validado tanto por laboratorios de Estonia como de España. No obstante, las manifestaciones celebradas el 8 y 9 de agosto, y nuevamente en los días posteriores, reunieron a vecinos, defensores del bienestar animal y representantes políticos, quienes exigieron mayor transparencia y la espera de confirmaciones internacionales antes de proceder al sacrificio.




