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El Cartel Inmobiliario en Chihuahua: Influencias y Negocios en el Gobierno de Marco Bonilla

El municipio de Chihuahua se enfrenta a una serie de cuestionamientos graves relacionados con el manejo de los desarrollos inmobiliarios. En el centro de esta controversia se encuentra el alcalde Marco Bonilla, quien ha sido señalado por permitir el tráfico de influencias en beneficio de poderosas figuras del sector inmobiliario. Entre ellas, destaca Luis Alfonso Anchondo Cuilty, representante legal de la desarrolladora DEXE, responsable de proyectos como Monte Xenit el cual hace apenas un par de semanas estuvo en el ojo del huracán cuando desgraciadamente tras algunas lluvias en la ciudad de Chihuahua se vino abajo parte de algunas viviendas en este mismo fraccionamiento, actualmente Anchondo
Cuilty, preside la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) en la ciudad de Chihuahua.

Anchondo Cuilty, además de su rol en CANADEVI, también forma parte del consejo
del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), un organismo clave en la toma de decisiones sobre el desarrollo y crecimiento urbano de Chihuahua.
Este doble papel, tanto en el sector privado como en el IMPLAN, ha levantado sospechas sobre la imparcialidad y transparencia en los procesos de autorización de desarrollos
inmobiliarios, que parecen favorecer a ciertos intereses económicos.
Pero el entramado de relaciones va más allá. Recientemente, se ha revelado que Luis Alfonso Anchondo Cuilty tiene lazos familiares con Mario Alberto Anchondo, un reconocido panista en el estado y ex dirigente municipal del municipio de Cuauhtémoc. Este vínculo ha generado aún más dudas sobre cómo la influencia política podría estar facilitando negocios entre la desarrolladora y el gobierno
municipal Panista.
Las acusaciones señalan que desde la presidencia municipal, encabezada por Marco Bonilla, se ha permitido que figuras como Anchondo Cuilty ejerzan una influencia desmedida en la toma de decisiones relacionadas con el crecimiento urbano. La permisividad y la falta de acción por parte del alcalde no solo afectan la confianza ciudadana, sino que también ponen en riesgo el desarrollo sostenible y justo de la ciudad.
Este escándalo, que ya ha sido denominado por algunos como el “cartel inmobiliario”, pone en entredicho la transparencia del gobierno municipal y plantea una pregunta clave: ¿Está el municipio de Chihuahua siendo gobernado en
beneficio de los ciudadanos o de unos pocos con conexiones privilegiadas?
La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para acabar con estos
presuntos actos de corrupción, que amenazan con dejar cicatrices en el desarrollo urbano de la capital del estado.

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