Sinaloa: 20 años de retroceso
CDMX.- Desde septiembre pasado hemos vivido una crisis de inseguridad sin precedentes en Sinaloa, no sólo por las muertes y la violencia entre grupos del crimen organizado, sino por la paralización económica que se vive.
Además de las pérdidas económicas de las familias y empresas a quienes les robaron autos, se suman las pérdidas de los transportes y negocios quemados, así como las ya incontables pérdidas humanas. Y digo incontables porque se habla de alrededor de 1,100 personas asesinadas, pero se reportan más de 1,400 desaparecidos, aunque estos números aún son inciertos, de acuerdo con colectivos de búsqueda.
Aunado a ello, se debe contabilizar la pérdida de vidas inocentes, menores de edad, al menos 39 a la fecha, y personas adultas muertas o heridas como víctimas colaterales.
Así, podríamos hablar de unas 3,000 mil familias cuyas vidas han sido trastocadas, cuyas pérdidas van más allá de la muerte o afectaciones graves hacia un familiar, y que hay una disminución en la capacidad de producción y de llevar a cabo una vida normal derivado de ello.
El Instituto para la Economía y la Paz establece en su metodología que la violencia genera la pérdida de la oportunidad de generar ingresos de una persona que pierde la vida tempranamente por la violencia, así como de los desaparecidos.
Asimismo, señala que se debe contabilizar la pérdida de productividad de sus familiares, por ejemplo, padres, hermanos, parejas, hijos.
Además, cobra importancia la dinámica que adquiere una familia cuyo integrante se encuentra desaparecido, ya que uno o más miembros de la familia inician con una búsqueda que definitivamente afecta su capacidad productiva. De forma menos importante, pero significativa, los amigos y círculos cercanos de aquellos fuertemente afectados, también ven afectada su paz y, por lo tanto, su productividad disminuye.
Visto desde esta perspectiva, las pérdidas económicas de la violencia no implican solamente las pérdidas directas e indirectas, sino la disminución de la capacidad de una economía en su proceso de generación de riqueza, que aún es el caso de Sinaloa, ya que después de casi nueve meses aún no se ha asegurado la paz pública.
Por ejemplo, el 27 de mayo se reportaron al menos tres asesinatos, enfrentamientos, fábricas y tráileres quemados en la carretera México 15, por las ya frecuentes “razones desconocidas” o “cortos”. Todo esto afecta las decisiones en el mediano y largo plazos de las personas y las empresas, poniendo en riesgo su permanencia en el estado, o bien el incremento de nuevas inversiones. Con todo, muchas empresas seguirán, pero en definitiva el potencial de crecimiento se reduce.
Hasta diciembre había 14 mil empleadores menos y, en marzo 2025, hasta 7 mil menos. Lo que evidencia las pérdidas profundas en el tejido productivo.
Aunado a ello, según el dato del empleo formal, Sinaloa tiene el nivel de salario medio ante el IMSS más bajo de todo el país, y hasta mayo se perdieron casi 15 mil empleos formales.
¿Qué pasará?
El PIB per cápita de Sinaloa, hasta el 2023, no se había recuperado a niveles prepandémicos del 2018. Al mismo tiempo, como ya se dijo, durante el 2024 la actividad económica decreció en al menos 3.9% con respecto al 2023, digo al menos porque estas cifras son preliminares y las definitivas se conocerán hacia finales de este mismo año. Con todo, es probable que Sinaloa cierre el 2024 con un PIB per cápita aún menor al 2023, con unos 158 mil pesos.
Aunado a ello, el 2025 no parece un año mejor, ya que la dinámica de crecimiento nacional muestra ya no solo una recesión económica sino crecimiento negativo, por lo que Sinaloa acumulará aún mayores pérdidas, primero por la menor demanda nacional, y luego por la profunda crisis de la economía local. De esta manera, el 2025, podría cerrar con un decrecimiento acumulado de hasta el 5% de la actividad económica en relación al 2024, cerrando así con un PIB per cápita de 150 mil pesos, esto es 14% menor que el nivel prepandémico, esto en un escenario optimista.
Aunque la última frase pueda sonar fuerte, la realidad es que una caída del 5% de la actividad en el 2025 aún suena optimista, ya no solamente por la pérdida directa e indirecta de la economía, los hogares, empresas y los gobiernos con su menor recaudación y capacidad de gasto, que también ya ha dado evidencias de reducción en el primer trimestre de este 2025.
Además de todo lo anterior se acumula un hecho que es un secreto a voces, los flujos económicos que son gastados e invertidos en Sinaloa por el lavado de dinero traerá consigo también una reducción significativa de la actividad económica. No es un secreto la gran cantidad de locales, restaurantes y pequeñas plazas que han cerrado, no por extorsiones, sino porque los dueños se fueron ya de la ciudad.
Asimismo, en los municipios del sur y los más pobres, los flujos del crimen organizado representaban un ingreso importante que a la fecha se encuentra suspendido o amenazado. Hay desplazados y la violencia aún no frena.
Todo esto llevará a que Sinaloa desafortunadamente retroceda casi 20 años en su bienestar económico. Fue en el 2005 cuando Sinaloa tuvo un PIB per cápita por debajo de los 150 mil pesos, por lo que la actual situación nos llevará 20 años de retroceso, y en la perspectiva aún no se vislumbran salidas, mientras no se restablezca la paz, Sinaloa podría seguir cavando hacia abajo en esta carrera.
Además, dado el menor crecimiento económico nacional, las remesas amenazadas y la menor demanda internacional de exportaciones, con claras amenazas a exportaciones locales de hortalizas, Sinaloa podría no recibir el soporte de políticas públicas que requiere, pues el Ejecutivo federal, aunque quiera, tiene muy limitada capacidad de gasto, debido a los altos niveles de endeudamiento dejados por el ex Presidente López Obrador, y la necesidad imperante de reducir el déficit fiscal en un ambiente de menor crecimiento económico y de enormes necesidades de financiamiento en CFE y Pemex.
