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Como parte del Plan México, el Gobierno de México impulsa la exploración y explotación de minerales estratégicos mediante una mayor participación del sector privado, pero sin dejar a un lado un enfoque social y equilibrado. Estas medidas nacen en un contexto regional donde la industria minera exige marcos regulatorios más claros y modernos.
Como parte de su estrategia industrial y energética, el Plan México contempla una reforma a la Ley Minera que permitiría reactivar la exploración privada y facilitar la explotación de minerales considerados estratégicos para la transición energética y tecnológica.
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio alternativo al de las concesiones tradicionales, con reglas más claras y adaptadas a las nuevas necesidades del sector. Con ello, se pretende atraer mayor inversión nacional e internacional, y acelerar proyectos de exploración en zonas con alto potencial minero.
Esta intención coincide con el reciente posicionamiento de la Cámara Minera de México (Camimex), que participó en un encuentro con líderes del sector en América Latina, donde se destacó la necesidad urgente de contar con leyes claras, modernas y con certidumbre jurídica para el desarrollo de la minería responsable.
De acuerdo con un reportaje de BNamericas, la industria minera latinoamericana ha insistido en establecer marcos regulatorios sólidos, especialmente en lo relacionado con los procesos de cierre de minas y la gestión ambiental, lo cual también forma parte del debate en México.
“La seguridad jurídica y reglas claras son clave para que la minería pueda contribuir a los objetivos económicos, ambientales y sociales de nuestros países”, señaló Camimex durante su participación en el encuentro regional.
La reforma propuesta bajo el Plan México apunta también a asegurar el acceso a minerales críticos como el litio, el cobre o las tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías, semiconductores y otras tecnologías estratégicas.
En ese sentido, el nuevo marco legal podría incluir mecanismos de colaboración público-privada, permisos temporales de exploración y condiciones diferenciadas para proyectos de interés nacional o alineados con los objetivos del desarrollo sostenible.
Aunque aún no se presenta formalmente al Congreso, esta reforma podría marcar un giro en la política minera reciente del país, que en los últimos años había restringido el otorgamiento de nuevas concesiones.
La reactivación del sector podría traducirse en más empleos, desarrollo regional e impulso a las cadenas productivas clave para el nearshoring y la transición energética.https://www.elarsenal.net/
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