Legisladores en Diputación Permanente exhortan a la Federación a anular las 35 Normas Oficiales

Diputados reunidos en sesión de la Diputación Permanente, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al secretario de Salud Federal, a que rectifiquen la decisión de cancelar las normas oficiales mexicanas de salud y que, en su caso, se emita a la brevedad, una base normativa que permita asegurar servicios de salud de calidad para la población mexicana.

La diputada Diana Pereda Gutiérrez, en representación de la legisladora Yesenia Reyes Calzadías, iniciadora de la proposición, expuso que las recientes manifestaciones del Presidente y del Subsecretario de Salud Federal respecto de lo antes señalado, surge una alarmante y seria preocupación por la falta de conocimiento e insensibilidad con la población mexicana y los mecanismos que desde el poder público se pueden implementar para asegurar estándares mínimos de calidad en los servicios de salud.

Así mismo, dio a conocer algunas de las 35 normas oficiales mexicanas canceladas:

· El fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, la promoción y educación para la salud en materia alimentaria.

· El tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

· El control de zoonosis relativa a perros y gatos.

· La prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.

· La prevención y control de la tuberculosis.

· La prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

· La prevención, tratamiento y control de las adicciones.

· La prestación de servicios de salud en unidades de atención médico-psiquiátrica.

· Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.

· La atención a la salud del niño.

· La prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino.

· La asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.

· La asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, entre otras.

Con ello, explicó la legisladora, se verán reflejados sus efectos en el incumplimiento de estándares mínimos en la prestación de servicios de salud ya que estas normas, implican la progresión más practica de alguna ley, estableciendo un mínimo de procedimientos y metodología aplicable por parte del servicio público y privado, por lo cual implica una afectación directa a los derechos humanos de la población mexicana para recibir servicios y atención medica de calidad, así como la evasión de responsabilidad por parte del Estado mexicano para implementar mecanismos que salvaguarden los derechos de los mexicanos.

Finalmente, Pereda Gutiérrez, señaló que, con dicha acción la intención del gobierno federal es llevar a la población a perder mecanismos para garantizar derechos humanos tan importantes como el del acceso a los servicios médicos.