Filipinas impone restricciones temporales a las importaciones de carne de cerdo
La disposición fue autorizada por el Departamento de Agricultura, mediante una orden firmada por su titular, Francisco P. Tiu Laurel Jr., como parte de una investigación de salvaguardia que concluyó preliminarmente que el aumento de los productos importados está afectando la competitividad de los productores locales.
El procedimiento, identificado como caso de salvaguardia número 02-2026, comenzó de oficio el 17 de octubre de 2026 y comprende el análisis del periodo de 2021 a agosto de 2026, además de las observaciones presentadas por productores, importadores, exportadores y organizaciones del sector.
La restricción contempla carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada, incluidas canales, medias canales, jamones, paletas y sus diferentes cortes. También abarca despojos comestibles, entre ellos hígados.
La disposición tendrá vigencia durante 60 días, a partir de que la Oficina de Aduanas emita la orden correspondiente o 15 días después de su publicación en dos periódicos de circulación nacional, lo que ocurra primero. Sin embargo, el documento no precisa el volumen permitido ni el mecanismo específico para aplicar la limitación.
Aumentan las importaciones y disminuye el autoabastecimiento
De acuerdo con el informe preliminar, las importaciones filipinas de carne de cerdo pasaron de 589 mil 674 toneladas en 2023 a 836 mil 239 toneladas en 2025, un crecimiento acumulado de 41.8 por ciento.
La participación de las compras externas respecto a la producción nacional también aumentó, al pasar de 39 por ciento en 2021 a 61 por ciento en 2025, hasta alcanzar 65 por ciento durante el primer semestre de 2026.
Esta tendencia redujo la capacidad de autoabastecimiento del país, que descendió de 74.3 por ciento en 2021 a 65.5 por ciento en 2025 y se ubicó en apenas 54 por ciento entre enero y agosto de 2026.
Asimismo, la participación de la carne importada en el consumo nacional creció de 36 a 55 por ciento durante el periodo analizado.
Inventarios elevados presionan los precios
Otro factor considerado por las autoridades fue la acumulación de inventarios de carne de cerdo congelada, cuyo suministro depende en 94 por ciento de las importaciones.
Las existencias aumentaron de 78 mil 800 toneladas en enero de 2026 a cerca de 121 mil toneladas en julio, un incremento de 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y de 117 por ciento frente a 2024.
El crecimiento de los inventarios coincidió con una disminución de los precios pagados a los productores. Después de alcanzar un promedio de 2.75 euros por kilogramo en 2025, el precio bajó a 2.44 euros durante el primer semestre de 2026.
Algunos ganaderos reportaron reducciones promedio de 30 por ciento respecto al año anterior, mientras que en los casos más severos las cotizaciones cayeron hasta 50 por ciento, al pasar de 3.33 a 1.67 euros por kilogramo.
Estiman pérdidas millonarias para los porcicultores
El Departamento de Agricultura calcula que las pérdidas brutas ocasionadas por la caída de los precios alcanzaron aproximadamente 388 millones de euros entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De mantenerse las condiciones actuales hasta diciembre, el impacto podría ascender a 775 millones de euros, aunque las estimaciones presentadas por las partes involucradas elevan las posibles pérdidas hasta mil 390 millones de euros durante todo el año.
Las autoridades atribuyen parte del deterioro económico a que la carne importada se comercializa a precios considerablemente inferiores a los del producto nacional. La diferencia respecto al precio en granja pasó de 58 por ciento en 2021 a 64 por ciento en 2025.
Ante lo que calificó como circunstancias críticas, el Gobierno filipino consideró necesario aplicar una medida provisional para evitar daños irreparables a la actividad porcina.
Como siguientes pasos, Filipinas notificará la decisión y abrirá consultas conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El expediente también será remitido a la Comisión Arancelaria, que realizará una investigación formal para determinar si existen condiciones para establecer una salvaguardia definitiva.
