Perú propone entregar canon minero directamente a comunidades en zonas de operaciones

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció una reforma estructural a la distribución del canon minero: parte de los recursos generados por la actividad extractiva llegaría directamente a las comunidades ubicadas en el área de influencia de las operaciones, con prioridad en infraestructura básica. El anuncio abre un debate que Perú lleva postergando desde hace una década — y que ahora llega con una carga política que el sector no puede ignorar.

El planteamiento de Shinno no es un proyecto de ley formalizado. Es una señal de intención del Ejecutivo que anticipa una modificación al mecanismo actual de distribución del canon. Hoy, ese mecanismo opera por niveles: los recursos van del gobierno central hacia los gobiernos regionales y municipales de las zonas productoras, según una fórmula establecida en la Ley del Canon (Ley 27506). Las comunidades que conviven directamente con las operaciones — a veces a metros de un tajo o de una planta de procesos — reciben los fondos de manera indirecta, filtrada por la capacidad de ejecución del gobierno local.

El problema no es nuevo. Los gobiernos regionales de Cusco, Apurímac y Moquegua han registrado históricamente niveles bajos de ejecución presupuestal del canon. En algunos ejercicios fiscales, la ejecución no superó el 40% de los recursos disponibles. Las comunidades veían pasar el dinero por su territorio sin que se materializara en agua, carreteras o servicios. Esa brecha es el combustible de casi todos los conflictos sociales que han paralizado operaciones como Las Bambas o que mantienen en el limbo a Tía María.

Lo que el ministro Shinno no precisó — y ahí está la pregunta que el sector debe formular — es el mecanismo concreto de transferencia directa. ¿Se trata de un fondo comunitario gestionado por las propias comunidades? ¿Un porcentaje fijo del canon actual? ¿Una figura nueva que coexiste con el esquema de gobiernos locales? Sin esa arquitectura legal, el anuncio es una promesa política, no una reforma.

El canon minero: anatomía de un instrumento que no funciona como debería

Perú aplica un canon minero equivalente al 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras al Estado. En los años de bonanza del cobre y el oro — entre 2007 y 2012 — ese flujo generó miles de millones de soles para las regiones productoras. Cusco, Cajamarca y Ancash acumularon recursos que en muchos casos no pudieron ejecutar por falta de capacidad técnica y burocrática.

El resultado fue paradójico. Las regiones más ricas en minerales permanecieron entre las más pobres en indicadores de desarrollo humano. La brecha entre el ingreso que genera la minería y el bienestar que perciben las comunidades aledañas es el argumento más poderoso de quienes se oponen a nuevos proyectos. No porque la minería no genere riqueza, sino porque esa riqueza no llega donde se origina el costo social.

La cartera de proyectos mineros en Perú supera los US$53,000 millones. Una fracción de esa cifra podría materializarse en los próximos años — si el entorno regulatorio y social lo permite. Que el gobierno elija este momento para reformar el canon no es casual: necesita demostrar a las comunidades que la minería les retribuye algo tangible antes de que lleguen nuevas operaciones a sus territorios.

Impacto para las empresas: entre la oportunidad y la incertidumbre

Para las operadoras, la propuesta tiene dos lecturas posibles. La primera es favorable: si el Estado resuelve el problema de distribución del canon, las empresas podrían enfrentar menos presión comunitaria directa. Los conflictos en Las Bambas — que han costado semanas de paralización y cientos de millones de dólares en pérdidas — nacen en parte de la percepción de que la operación enriquece a Lima y a Cusco pero no a las comunidades de Cotabambas. Un canon que llegue directamente podría cambiar esa percepción.

La segunda lectura es de riesgo. Si la reforma crea un nuevo fondo comunitario paralelo al esquema actual, las empresas podrían enfrentar presión para co-financiar ese mecanismo o para asumir compromisos de inversión social adicionales como condición para operar. No sería la primera vez que una reforma del Estado termine trasladando al privado la responsabilidad de un problema de gobernanza pública.

Southern Copper, que opera Cuajone y Toquepala en Moquegua y Tacna, y que mantiene a Tía María en un limbo que ya suma más de una década, tiene mucho en juego. Freeport-McMoRan en Cerro Verde, Anglo American en Quellaveco y MMG en Las Bambas también monitorean cualquier modificación que altere el equilibrio entre lo que pagan al Estado y lo que el Estado redistribuye.

El problema real: ejecución, no monto

Transferir dinero directamente a las comunidades resuelve el problema de intermediación, pero genera uno nuevo: capacidad de gestión. La mayoría de las comunidades campesinas y nativas en zonas de influencia minera no tiene infraestructura administrativa para ejecutar presupuestos complejos. Sin acompañamiento técnico, el dinero puede generar conflictos internos, captura por grupos de interés local o simplemente no ejecutarse.

Bolivia intentó algo similar con el IDH — Impuesto Directo a los Hidrocarburos — y el resultado fue desigual: algunas comunidades ejecutaron bien, otras acumularon recursos sin invertirlos. Ecuador canalizó fondos comunitarios en Zamora Chinchipe con resultados mixtos. La fórmula no tiene un modelo universal exitoso en América Latina.

Lo que sí funciona — y hay evidencia regional — es la combinación de transferencia directa con acompañamiento técnico institucional y mecanismos de rendición de cuentas. Si la reforma de Shinno incluye esos tres elementos, tiene potencial real. Si es solo una reasignación de porcentajes, el problema de fondo no cambia.

El riesgo político de anunciar sin diseño

Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Cada cambio de gobierno trae nuevas promesas al sector comunitario y nuevas señales al inversionista. El anuncio del ministro Shinno, sin proyecto de ley ni cronograma, corre el riesgo de seguir ese patrón: una declaración que eleva expectativas en las comunidades, genera ruido en el sector privado y eventualmente no se concreta porque el gobierno siguiente tiene otras prioridades.

Si el Ejecutivo quiere que este anuncio sea creíble, necesita presentar un proyecto de ley específico antes de que termine el primer semestre de 2025, someterlo a consulta previa donde corresponda y definir el mecanismo de supervisión del uso de los fondos. Sin ese itinerario, el anuncio es ruido político en un país que ya tiene demasiado.

El sector minero peruano genera alrededor del 60% de las exportaciones del país y sostiene una parte decisiva del presupuesto público. No puede seguir operando sobre un modelo de distribución de beneficios que nadie defiende y que pocos han tenido el valor de reformar en serio. Si el gobierno de Boluarte tiene la voluntad política de hacerlo, la reforma del canon puede ser el instrumento que cambie la relación entre minería y comunidades en Perú. Si no, será un anuncio más que alguien en Apurímac o en Moquegua escuchará con el mismo escepticismo de siempre.

Fuente: mineria en linea