Ordenan reaprehensión de dueño del crematorio Plenitud
Un juez en materia penal ordenó la reaprehensión de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, luego de declararlo sustraído de la acción de la justicia tras no presentarse a la audiencia relacionada con la causa penal 3448/2025.
La diligencia judicial se realizó de manera breve y puntual. Durante la audiencia, la defensa particular del empresario, representada por el despacho Legal Estudio Jurídico, no presentó argumentos en contra de la solicitud del Ministerio Público para declararlo prófugo, ni tampoco se opuso a la suspensión del proceso penal mientras permanezca fuera del alcance de las autoridades.
Los abogados señalaron únicamente que las notificaciones fueron realizadas correctamente, a diferencia de la audiencia del pasado 15 de mayo, cuando —aseguraron— se notificó con menos de 48 horas de anticipación. Sin embargo, no informaron si mantenían comunicación con el acusado.
Por su parte, el Ministerio Público expuso que existieron dos notificaciones formales, efectuadas los días 15 y 18 de mayo, sin que existiera justificación para la ausencia del empresario, por lo que solicitó al juez declararlo sustraído de la justicia.
Con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez determinó procedente la solicitud y posteriormente ordenó desalojar la sala de audiencias para celebrar una diligencia privada en la que se libró la orden de aprehensión contra el dueño del crematorio.
El caso se originó el 26 de junio de 2025, cuando autoridades estatales localizaron 386 cadáveres embalsamados en condiciones de hacinamiento e insalubridad dentro del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.
José Luis A. C. fue procesado el 30 de junio de ese año y posteriormente vinculado a proceso el 4 de julio, permaneciendo en prisión preventiva hasta el 13 de febrero, fecha en la que obtuvo su libertad tras recibir un amparo federal.
No obstante, el pasado 8 de mayo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito revocó dicha protección federal, lo que permitió reactivar el proceso penal en su contra y obligaba al empresario a comparecer nuevamente ante los juzgados locales, situación que incumplió en dos ocasiones consecutivas.
