El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a frenar la fijación de precios, las prácticas anticompetitivas y la influencia extranjera en la cadena de suministro de alimentos, factores que —según la Casa Blanca— han contribuido al encarecimiento de los alimentos y suponen una amenaza para el abastecimiento de los estadounidenses.
La orden instruye al fiscal general y al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a crear, cada uno en su ámbito, un Grupo de Trabajo de Seguridad de la Cadena de Suministro de Alimentos, con el objetivo de investigar de forma exhaustiva la fijación de precios y otras conductas anticompetitivas en todo el sector alimentario.
Ambos grupos estarán facultados para adoptar medidas coercitivas y proponer nuevas regulaciones destinadas a frenar estas prácticas y restablecer la competencia en los mercados. Además, se ordena al fiscal general iniciar procedimientos penales, incluidas investigaciones ante un gran jurado, en caso de detectarse indicios de colusión criminal.
La orden ejecutiva establece también que los grupos de trabajo deberán consultar conjuntamente con los miembros pertinentes del Congreso a los seis meses y, posteriormente, al cumplirse un año desde la firma del decreto, con el fin de presentar informes de avance, de acuerdo con la legislación vigente, y recomendar posibles acciones legislativas.
Desde la Casa Blanca se subraya que un suministro de alimentos seguro y asequible es clave para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, y que el comportamiento anticompetitivo pone en riesgo su estabilidad y accesibilidad. En este sentido, se recuerda que en los últimos años varias empresas líderes de la cadena alimentaria estadounidense han pagado decenas de millones de dólares para resolver demandas relacionadas con la fijación de precios.
Sectores como el procesamiento de carne, las semillas, los fertilizantes y los equipos agrícolas son señalados como especialmente vulnerables a prácticas anticompetitivas que elevan los costos tanto para los agricultores como para los consumidores. Asimismo, la creciente presencia de empresas controladas por capital extranjero en segmentos clave de la cadena de suministro podría generar riesgos para la seguridad nacional y encarecer los alimentos para las familias estadounidenses, aspectos que los grupos de trabajo tendrán el mandato específico de investigar.
Para la Casa Blanca, “sin una aplicación rigurosa de la ley, la fijación de precios y el comportamiento anticompetitivo seguirán inflando la factura alimentaria y debilitando la independencia alimentaria de Estados Unidos”. En este contexto, el presidente Trump afirma estar “luchando cada día para revertir la crisis inflacionaria heredada y reducir los elevados precios de los alimentos”, con el compromiso de no cesar hasta que los consumidores perciban un alivio en su economía doméstica.
El comunicado oficial reconoce que la reducción de precios no será inmediata, pero asegura que ya se están logrando avances significativos y que el Gobierno continuará trabajando para que los beneficios de estas medidas alcancen a toda la población.
