El sector avícola de EE. UU. respalda decisión de la EPA sobre aguas residuales
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) resolvió que imponer regulaciones federales más estrictas sobre el tratamiento de aguas residuales sería perjudicial para la industria cárnica y avícola, al generar costos injustificados y el cierre de instalaciones, especialmente en comunidades rurales. La agencia concluyó que el sistema vigente bajo la Ley de Agua Limpia —que combina requisitos federales, estatales y locales— funciona de manera efectiva.
El 30 de agosto, la EPA comunicó su decisión tras una revisión exhaustiva de varios años. Entre las propuestas analizadas se contemplaban medidas con un costo estimado de hasta 20.000 millones de dólares y la posible clausura de entre 74 y 340 plantas de procesamiento, lo que habría implicado la pérdida de hasta 93.000 empleos.
La industria sostiene que ya cumple con las normas nacionales de efluentes, que limitan los contaminantes descargados desde las plantas procesadoras. “Valoramos el enfoque sensato de la EPA y el reconocimiento de que la industria ya está regulada por las ELG de 2004 y por las agencias estatales”, afirmó Ashley Peterson, Ph.D., vicepresidenta sénior de asuntos científicos y regulatorios del National Chicken Council (NCC).
El sector había expresado su preocupación por la propuesta inicial, señalando que durante la administración Biden no se otorgó tiempo suficiente para comentarios públicos, lo que habría derivado en cierres, pérdida de empleos y mayores costos de producción.
Además del NCC, asociaciones como USPOULTRY, el Instituto de la Carne, el Consejo Nacional de Productores de Cerdo, la Federación Nacional del Pavo y United Egg Producers coincidieron en que el actual marco regulatorio es adecuado y que las plantas municipales de tratamiento de aguas cumplen con la función de reforzar el sistema.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Agencias de Agua Limpia (NACWA), que agrupa a las plantas públicas de tratamiento, respaldó la decisión de la EPA. La organización destacó que los programas de pretratamiento vigentes han alcanzado un nivel de madurez que les permite regular de manera eficaz a los usuarios industriales y proteger la salud pública y el medio ambiente.
