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Va SCJN a favor de extracción y uso de GN en La Boquilla

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene proyectado avalar la orden que giró el gobierno federal en 2020 para la extracción de agua de la Presa La Boquilla para el pago del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, así como el uso de la Guardia Nacional para ejecutar dicha orden, lo cual desembocó en un conflicto social en los que murió la productora Jésica Silva, tras ser baleada junto a su esposo por elementos de esa corporación.

 

En sesión celebrada el pasado jueves, el máximo tribunal comenzó el análisis de la Controversia Constitucional 56/2020, promovida por el municipio de Cusihuiriachi, en contra del Ejecutivo Federal por la orden de disponer del agua de La Boquilla para pagar adeudos del Tratado; la utilización de la Guardia Nacional para ejecutar tales órdenes y el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para el año 2020. El recurso también reclama al Congreso de la Unión la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales y de expedir la Ley General de Aguas.

 

El proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek reconoce la validez de las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en dicha presa para pagar los adeudos con la Unión Americana.

 

Sobre este punto, la mayoría de los ministros se mostraron a favor del proyecto; la ministra Norma Lucía Piña Hernández expresó que el Estado Mexicano quedó obligado a reponer los faltantes en las entregas mínimas de agua a Estados Unidos, correspondientes al ciclo 34 del Tratado, durante el ciclo 35, el cual culminaba el 24 de octubre de 2020, por lo que se tenía hasta esa fecha para cumplir.

 

Asimismo, se desestimó la queja contra los actos de ejecución a través de la Guardia Nacional, al considerar que el municipio no presentó elementos suficientes como para impugnar la actuación de la corporación.

 

También se desestima el reclamo por la omisión del Legislativo Federal de reglamentar la Ley de Aguas Nacionales, pues se trata de un asunto legal que escapa del control constitucional de la Corte.

 

Por el contrario, el proyecto del ministro ponente sí considera procedente declarar la inconstitucionalidad de la omisión del Congreso de la Unión de emitir la Ley General de Aguas, según lo establece el artículo 3 Transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el 8 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual se ordenará a los legisladores que emitan dicha ley durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

 

El análisis del recurso continuará el próximo lunes. Su resolución sentaría un precedente para las otras 17 controversias contra los mismos actos, presentadas por los municipios de Aquiles Serdán, Balleza, Buenaventura, Coronado, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, López, Maguarichi, Manuel Benavides, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Santa Bárbara y San Francisco de Conchos.

Fuente: El Diario

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