Minería

Nahle confirma planes para crear empresa estatal del litio en México

La explotación del litio como recurso natural estratégico en México tendrá que ser realizada por el Estado, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle, lo que confirma los planes de crear una empresa pública.

Cuando se le preguntó en un noticiero vespertino si el gobierno planea extraer recursos de litio a través de una nueva compañía estatal, Nahle dijo que “sí, va a tener que ser así para la explotación del litio”.

Agregó que la creación de la compañía vendría con una legislación secundaria si el presidente Andrés Manuel López Obrador logra impulsar las reformas constitucionales que contempla para el sector eléctrico.

El paquete contempla una revisión de la industria nacional del litio, entre otras propuestas que implican cancelar todos los contratos y permisos vigentes vinculados a la generación y venta de energía y la eliminación gradual de los reguladores de hidrocarburos CNH y de energía CRE, así como del operador de red Cenace.

Los comentarios responden a una de las preguntas clave que no había tenido respuesta sobre la iniciativa que AMLO envió al Congreso el 30 de septiembre. Esto agrega peso a los rumores de que las autoridades han estado trabajando en la estructura de la compañía encargada del litio y que planean bautizarla Litomex, la cual será similar a la petrolera nacional Pemex.

Si bien el partido oficialista Morena sigue siendo el bloque más grande en ambas cámaras del Congreso, todavía parece incapaz de conseguir los dos tercios de los votos en la Cámara Baja que necesita para reformar la Constitución, incluso con el apoyo de los aliados de partidos minoritarios.

En sus comentarios relativamente francos, Nahle comparó la acción con la expropiación de petroleras extranjeras en 1938 por parte del entonces presidente, Lázaro Cárdenas, diciendo: “Esta decisión por ocho décadas nos dio riqueza, escuelas, hospitales, caminos, preparación”.

“El litio va a ser igual, sin duda. Creo que va a ser más rápido. Es un mineral estratégico que hoy por hoy es parte de la materia prima para la fabricación de baterías”, comentó durante una mesa redonda organizada por la transmisora nacional Televisa el miércoles.

REFORMAS ELÉCTRICAS EN EL TAPETE

También se le preguntó sobre la cancelación de contratos y permisos, como se detalla en un artículo provisional incluido en el proyecto de ley que debate el Congreso.

Con respecto a las generadoras privadas, dijo que, con las reformas, “no se van a cancelar sus derechos para poder generar porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen”.

Esto se refiere a una disposición en la propuesta legislativa que permite que las empresas privadas retengan una participación máxima de 46% del mercado eléctrico del país. Nahle agregó que la disposición en el artículo no significa expropiación.

La expropiación es legal bajo la Constitución mexicana, y algunos críticos creen que sería mejor que lo que ocurriría con las reformas propuestas, ya que las reglas de expropiación requieren una compensación inmediata a los afectados.

Los detractores dicen que, si bien no es expropiación hacer insostenibles las operaciones erosionando el Estado de derecho u obligando a las empresas a aceptar negociaciones con la eléctrica nacional CFE como el único comprador de electricidad, la medida obstaculizará la inversión privada en el futuro.

En palabras de Montserrat Ramiro, excomisionada de CRE, durante un panel reciente de Fitch, “si bien no es una expropiación, (…) en términos jurídicos, obliga a las empresas a operar bajo el criterio que imponga CFE. Eso, para todo efecto práctico, hace imposible la operación como se planeó cuando se hicieron las inversiones”.

Nahle dijo que la reforma “no es ninguna afrenta” a los derechos de propiedad en México, sino más bien una necesidad derivada de abusos pasados.

La ministra apuntó a los contratos de autoabasto incorporados en las reformas energéticas de 2013-2014, diseñados para posibilitar que las grandes empresas generen su propia electricidad.

“La reforma de 2013 abrió un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad, se entregaron 239 permisos, debería haber 239 usuarios, pero hay 7.000 usuarios, y crearon un mercado paralelo sin permiso de venta de suministro de electricidad”, señaló Nahle.

Los contratos de autoabastecimiento que a menudo mencionan Nahle y otros funcionarios se remontan en realidad a la década de 1990 y, en esencia, estaban protegidos por nuevos contratos cuando entraron en vigor las reformas de 2013-2014.

“Los contratos que tienen anclados con CFE a 20 años, [que son] muy onerosos para CFE y para todos los mexicanos, sí se van a cancelar, pero no por eso se va a cerrar la central de generación de tal empresa”, indicó. “Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años ante unas condiciones tan ventajosas [para los privados] y que vayan en detrimento del Estado y de todos los mexicanos”.

Nahle mencionó contratos cerrados con Iberdrola que considera abusivos. La energética española ha estado en disputa pública con la administración de López Obrador durante más de un año.

“Iberdrola firmó una serie de contratos muy ventajosos sometiendo a CFE”, señaló Nahle.

“Nosotros dijimos que esto no puede continuar así. [Ellos dijeron:] ‘No, es que ya lo firmaste’ [y el gobierno:] ‘Sí, pero no puede continuar así’. Nos cuesta mucho”, dijo la ministra, y agregó que muchos proyectos cuentan con el respaldo de la banca de desarrollo, sin mencionar a Iberdrola en concreto.

“Pero eso de que trajeron el mundo de inversiones hay que ponerlo en tela [de juicio] porque una gran parte se financió con la banca de desarrollo”, comentó la ministra.

Nahle también se refirió a la ola de frío en Texas en febrero que paralizó el suministro de gas natural a México, obligando a 22 centrales privadas a desconectarse. “CFE se quedó sola manteniendo el sistema eléctrico del país”, añadió.

Fuente: Bnamericas

 

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