| El futuro de la inversión de mil 270 millones de dólares y la generación de 600 empleos directos en la Sierra Norte de Puebla está en manos de la Suprema Corte, la cual dictaminará sobre la constitucionalidad de la Ley Minera.
Este miércoles podría ser discutido en la Corte el amparo que una de las 12 comunidades cercanas al proyecto (Tecoltemi) interpuso con apoyo de la ONG PODER, argumentado la omisión de una consulta indígena realizada por el Gobierno y no por la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals.
En caso de que la Corte confirme el criterio de que las concesiones mineras deben declararse nulas por no haber realizado una consulta indígena, se generaría un precedente contra otros proyectos en condición similar, no solo los mineros.
El Proyecto Minero Ixtaca se ubica en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y contempla la creación de una mina a cielo abierto con una producción estimada de 73.1 millones de onzas de oro y plata que espera los permisos para su explotación.
De acuerdo con PODER, desde la exploración el proyecto ha traído impactos negativos a las comunidades de la región que, de ser aprobado, tendría daños irreversibles al medio ambiente.
La minera ya invirtió 40 millones de dólares, pero la construcción de la mina y la explotación del mineral se han retrasado cinco años por las diferencias con la comunidad.
Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, reconoció en entrevista que se han propuesto varias soluciones pero han sido rechazadas por la comunidad.
Aseguró que según fuentes federales en la zona no había comunidades indígenas y de pronto surgieron.
“Hemos obtenido información de fuentes federales que dice que en Ixtacamaxtitlán no hay comunidades indígenas, ellos se autoadscribieron como indígenas, como indica su derecho a hacerlo, a raíz de la llegada de las ONGs y que se presenta el amparo.
“Es anteponer los intereses de mil 500 personas de las comunidades que quieren un beneficio del proyecto frente una comunidad de 140 personas aproximadamente que están intentando modificar la Ley Minera”, consideró.
La empresa ofreció a Tecoltemi, que se encuentra a 8 kilómetros lineales del proyecto y a 20 kilómetros en carretera, el poner las concesiones mineras que contemplan su territorio a nombre de la comunidad para que no llegara la minería al poblado, pero la oferta fue rechazada.
También se propuso desistir de las concesiones, pero la comunidad tampoco aceptó.
Se han realizado diversos estudios para conocer el impacto ambiental y social de la mina, además de consultas con los integrantes de las comunidades, lo que derivó en un rediseño y en la creación de presas que luego servirán a las comunidades impactadas por la actividad minera, agregó Santamaría.
Descartó que se perforaran pozos para obtener agua de subsuelo; el recurso hídrico para la mina será obtenido de agua de laboreo y de lluvia; además no se contará con una presa de jales para minimizar el impacto ambiental.
Puntualizó que con la desinformación y el golpeteo que contra la minería el País está en riesgo de perder inversiones, que se agravaría si la corte determina que las concesiones pueden ser revertidas.
“Para los créditos financieros de los bancos las concesiones son el activo más importante, si de un día para otro te la quitan, ¿cómo sostienes el elemento piloto de los créditos financieros?
“Además, ¿quién le responde a los inversionistas que ya tienen su dinero ahí?”, mencionó el vicepresidente.
Fuente: Reforma |
