Culpable fabricado: caso de Hugo Amed Schultz expuesto en el Senado
Con torturas y amenazas de fabricar delitos a su hijo, obligaron a Hugo Amed Schultz a incriminarse, señala abogado ante autoridades de derechos humanos en el Senado de la República.
Las violaciones a los derechos humanos en el caso de Hugo Amed Schultz Alcaraz se torna cada vez más evidente. Acusado de participar en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua, Schultz Alcaraz se vio forzado a aceptar un juicio abreviado, admitiéndose culpable debido a amenazas por parte de agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE), quienes lo intimidaron con fabricarle delitos de secuestro a su hijo.
La defensa a cargo de Manuel Norberto Cortez presentó el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, bajo la coordinación de la senadora Nestora Salgado, así como ante autoridades de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cortez detalló que la construcción del caso por parte de los agentes de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez, se basó en las torturas infligidas a Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, previamente acusado de secuestro a su expareja. En un acuerdo para obtener beneficios, lo presentaron como testigo protegido, obligándolo a firmar hojas en blanco que, más tarde, los agentes presentaron como evidencia de una confesión incriminatoria contra su padre, Crispín Salazar Zamorano, y el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz.
Además de las torturas a Édgar Salazar Gaxiola, el abogado mencionó las torturas psicológicas a Hugo Amed Schultz Alcaraz mediante amenazas dirigidas a su hijo por parte de los agentes. Esto buscaba obligarlo a que aceptara su participación en el asesinato de la periodista, un acto al que también lo indujo el exgobernador Javier Corral el 27 de mayo de 2017, al convocarlo al Palacio de Gobierno bajo engaños para que prestara un testimonio, el cual fue posteriormente alterado por José Roberto Frías Aguayo, uno de los ministerios públicos que acompañaban al exgobernador.
Cortez resaltó tres puntos en su exposición ante las autoridades de derechos humanos sobre el juicio abreviado que llevó a la condena de ocho años para Hugo Amed Schultz, haciendo referencia al artículo 201 del Código de Procedimientos Penales. En primer lugar, éste debía ser propuesto por el ministerio público; en segundo lugar, se debía formular la acusación correspondiente; y en tercer lugar, el ministerio público debía exponer los antecedentes que fundamentaran esa acusación.
En este sentido, el defensor señaló que la agente del ministerio público, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, formuló la acusación basándose en hechos relativos a 2016, “en los cuales la periodista escribía sobre líderes del crimen organizado y políticos de la región, algunos de los cuales eran constitutivos de calumnias”, según precisó el abogado. Además, enfatizó que en estos hechos quedaron excluidas las conductas que pudieran atribuirse a Hugo Amed Schultz.
La agente de la FEADLE, Gabriela Santoyo Cuervo, indicó que la periodista persistía en febrero de 2017 en sus escritos, momento en el cual sus afectados decidieron privarla de la vida, apuntó Cortez.
“Bajo esta perspectiva, queda claro que Hugo Amed no había cometido el delito ni participó en su comisión, y le ofrecieron un juicio abreviado donde fue condenado por un delito de homicidio simple. En caso de no aceptar, su hijo sería procesado por un falso delito de secuestro”, afirmó Manuel Cortez.
Según la defensa, los agentes de la FEADLE obtuvieron denuncias de hechos por parte de las víctimas de tortura, Édgar Salazar Gaxiola y Hugo Amed Schultz, para cerrar el caso de investigación sobre el asesinato de Miroslava Breach.
