Reino Unido plantea eliminar el uso de CO₂ para aturdir cerdos y alerta sobre costos para la industria
El Gobierno del Reino Unido abrió una consulta pública para prohibir el uso de altas concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el aturdimiento de cerdos previo al sacrificio, con el objetivo de reducir el sufrimiento animal. La propuesta, sin embargo, genera preocupación en el sector porcino por el costo de implementar métodos alternativos y sus posibles efectos en la productividad de los mataderos.
El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) impulsa la iniciativa con base en evidencia científica que vincula la exposición a altas concentraciones de CO₂ con dolor, pánico y dificultades respiratorias en los animales.
La medida tendría un impacto considerable en la industria, ya que alrededor del 90% de los cerdos sacrificados en Inglaterra y Gales son aturdidos mediante este procedimiento, de acuerdo con una encuesta realizada en 2024 por la Agencia de Normas Alimentarias (FSA).
Como alternativas, el Ejecutivo analiza el uso de argón y sistemas eléctricos automatizados, métodos que, según las autoridades, podrían ofrecer mejores condiciones de bienestar animal, aunque requieren modificaciones en los procesos y equipos de los establecimientos.
La propuesta retoma las recomendaciones del Comité de Bienestar Animal (AWC), cuyo posicionamiento considera que el aturdimiento con altas concentraciones de CO₂ debe abandonarse cuando existen alternativas con mejores resultados para los animales.
El ministro de Agricultura, Stephen Morgan, señaló que mejorar las condiciones durante el sacrificio es fundamental para mantener la confianza de los consumidores en la producción británica y reducir el sufrimiento innecesario.
Advierten sobre mayores costos y menor capacidad de sacrificio
Uno de los principales obstáculos para concretar el cambio es su impacto económico. Un informe encargado por la Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB), publicado en marzo, estimó que el costo del aturdimiento por cerdo aumentaría de aproximadamente 42 peniques con CO₂ a 1.49 libras con argón. En el caso del aturdimiento eléctrico, el gasto se elevaría a alrededor de 1.11 libras por animal.
El estudio también advirtió sobre posibles interrupciones en las líneas de producción, una reducción en la capacidad de sacrificio y dificultades para mantener resultados uniformes de bienestar animal a escala comercial. Asimismo, señaló posibles complicaciones en el manejo de los animales y en la seguridad de los trabajadores.
Mark Haighton, director del sector porcino de la AHDB, afirmó que la industria no se opone a mejorar el bienestar animal, pero pidió que cualquier transición esté respaldada por evidencia, cuente con recursos suficientes y se aplique dentro de plazos realistas.
Por su parte, la Asociación Nacional del Porcino (NPA) advirtió que una prohibición podría restar competitividad a los productores británicos si sus competidores internacionales continúan utilizando el método actual. La Asociación de Proveedores Independientes de Carne (AIMS) también cuestionó la iniciativa ante la posibilidad de que las alternativas incrementen el estrés durante el manejo de los animales.
La preocupación se extiende al mercado europeo, donde, según la información difundida sobre la propuesta, la Comisión Europea no contempla por ahora una prohibición equivalente.
Consulta abierta hasta diciembre
Desde abril de 2024, Defra trabaja con mataderos, fabricantes de equipos, proveedores de gas y organizaciones de bienestar animal para evaluar la viabilidad técnica y económica de los sistemas alternativos, así como sus posibles repercusiones en los precios de la carne.
El Gobierno británico también sostiene que abandonar el CO₂ permitiría reducir la dependencia de un suministro de gas expuesto a perturbaciones internacionales.
La iniciativa forma parte de la estrategia de bienestar animal para Inglaterra, pero todavía no constituye una prohibición aprobada ni cuenta con un calendario definitivo de aplicación.
La consulta pública comenzó el 26 de octubre de 2026 y permanecerá abierta hasta el 21 de diciembre. Durante ese periodo, autoridades y representantes del sector podrán presentar observaciones sobre los beneficios, los costos, la viabilidad de las alternativas y los plazos necesarios para realizar la transición.
