La autoridad arancelaria de EE. UU. sigue bajo escrutinio legal
Un reciente informe del Congreso analiza el alcance de estas competencias arancelarias delegadas, su uso por parte de administraciones recientes y la respuesta de los tribunales ante los recursos legales interpuestos. El informe señala que los tribunales federales han otorgado tradicionalmente una amplia deferencia al presidente en el ejercicio de las facultades arancelarias reconocidas por ley, permitiendo que las medidas arancelarias se mantengan salvo que el presidente haya “interpretado claramente de forma errónea” los límites de la autoridad conferida por el Congreso.
El informe también pone de relieve el debate jurídico en curso tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que han reducido la capacidad de los organismos del ejecutivo para interpretar sus propias competencias legales. Algunos expertos jurídicos sostienen que los tribunales inferiores podrían tener que reconsiderar ciertos aspectos de su enfoque a la hora de revisar las medidas arancelarias presidenciales.
Varios textos legales vigentes facultan al presidente o a organismos del ejecutivo para imponer aranceles en distintas circunstancias. Entre ellos figuran la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, las Secciones 122, 201 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, y la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. Estas normas otorgan distintos niveles de discrecionalidad y, en algunos casos, exigen que los organismos gubernamentales lleven a cabo investigaciones y emitan conclusiones formales antes de que puedan imponerse los aranceles.
El informe repasa cómo las administraciones recientes han utilizado estas facultades para introducir o incrementar aranceles, y cómo se han pronunciado los tribunales ante los recursos contra dichas medidas. Asimismo, examina la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en febrero de 2026 en el caso Learning Resources, Inc. contra Trump, en la que se determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles. Esta decisión podría influir en la interpretación y aplicación de otras facultades arancelarias en casos futuros.
El informe también recoge las propuestas que se están debatiendo actualmente en el Congreso. Algunos legisladores apoyan ampliar las competencias arancelarias del presidente, mientras que otros buscan limitar dichas facultades y reforzar la supervisión del Congreso mediante enmiendas o la derogación de las normas vigentes.
Según el informe, el debate en curso refleja interrogantes más amplios sobre el equilibrio de poderes entre el Congreso y el ejecutivo en la definición de la política comercial de los Estados Unidos y en el uso de los aranceles a la importación.
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