APATZINGÁN— En la penumbra de una noche calurosa, en un pequeño rancherío de casas levantadas entre interminables plantaciones de limón, un agricultor del occidente de México se acercó al sacerdote Gilberto Vergara para suplicarle ayuda.
Sumido en la desesperación, le contó que había decidido dejar secar un tercio de su huerta porque las extorsiones de los cárteles son tan fuertes que no se compensaban con la producción; que las autoridades no actuaron; que los productores de limón se reunían a escondidas y que miedo tenían a que los mataran si levantaban la voz oa morir de hambre si se quedaban callados.
El reciente asesinato de dos figuras prominentes que denunciaron al crimen organizado y las autoridades corruptas —un alcalde popular y un líder limonero— evidencia lo que los pobladores ya sabían: que los cárteles controlan gran parte del estado de Michoacán y su economía.
Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado ataques contra supuestos narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico y ha ofrecido a México ayuda militar contra los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner freno a la violencia.
El sacerdote Vergara no espera mucho del gobierno, pero le ofreció al limonero mediar para que las autoridades escuchen a los verdaderos líderes de las comunidades. Sólo le pidió el nombre después de prometerle que únicamente se lo daría al obispo.
Luego, con la sotana blanca todavía puesta, condujo su camioneta por un polvoriento camino donde a veces los grupos armados ponen retenes o, más hacia los cerros, instalan minas o atacan con drones a sus rivales.
A los cárteles “ya no les interesa bajar el perfil porque tienen al Estado en sus manos, un gobierno cabeza abajo”, aseguró desde su parroquia en las afueras de Apatzingán.
“Luchaba por nosotros”
El 1 de noviembre siete disparos acabaron con la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de 40 años, mientras celebraba el Día de Muertos entre cientos de personas en pleno centro de su ciudad y pese a tener 22 escoltas, 14 de ellos Guardias Nacionales.
Semanas después la escena del crimen seguía acordonada junto a flores marchitas, velas y mensajes de duelo. “Ni un paso atrás”, decía uno de ellos.
Manzo –exdiputado del oficialista Morena y luego uno de sus críticos— era visto como el único político que intentaba limpiar de narcos su territorio. Había sido depurado a la policía municipal. Presumía sus capturas en redes. Visitaba a los vecinos en las zonas más complicadas. En octubre había pedido ayuda al gobierno federal.
Agencia Reforma
