Alertan que los precios de la carne de cerdo y pollo podrían aumentar si entra en vigor el reglamento de deforestación de la UE

vinculadas a la alimentación animal, la ganadería y la industria cárnica advirtió sobre un posible incremento de los precios de la carne de cerdo y pollo en caso de que entre en vigor el Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR). Las entidades han remitido un comunicado a los eurodiputados españoles en el que piden “apoyar un aplazamiento de un año en su aplicación y revisar la norma de forma anticipada”.

Entre las asociaciones firmantes se encuentran la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (Aecec), Anprogapor, Anafric, la Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC), Asoprovac-Catalunya, la Federación Avícola Catalana (FAC), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Fecic, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) y la Unió de Pagesos de Catalunya.

Las organizaciones sostienen que la entrada en vigor del EUDR “provocará un aumento directo y significativo de los costes de producción, con impacto en el precio final de los alimentos y en la viabilidad de miles de explotaciones”.

El comunicado destaca el papel de España como primer productor de piensos de la Unión Europea y advierte de que el nuevo reglamento podría generar un déficit estructural de hasta 8 millones de toneladas de harina de soja en la UE, materia prima clave para el sector porcino y avícola.

Los sobrecostes estimados para los productores, únicamente en el caso de la soja, serían de entre 3 y 4 euros adicionales por cada cerdo sacrificado y entre 7 y 15 céntimos por cada pollo de engorde. El impacto total se situaría en torno a los 1.500 millones de euros para el conjunto del sector europeo, de los que casi 300 millones corresponderían a España.

Según las organizaciones, estos efectos se verían agravados por la elevada dependencia de importaciones y por la llegada tardía de las últimas aclaraciones legislativas por parte de la Comisión Europea, emitidas el pasado 21 de octubre. Esto —subrayan— ha dejado a los operadores sin tiempo y sin seguridad jurídica para adaptarse.

Por ello, las entidades solicitan a los eurodiputados españoles que:

• Respaldar la posición del Consejo para retrasar un año la entrada en aplicación del EUDR.

• Aprobar la cláusula de revisión antes del 30 de abril de 2026 con el fin de evaluar su viabilidad práctica, administrativa y las opciones de simplificación.

Aunque el sector asegura compartir el objetivo de combatir la deforestación, advierte de que una norma inaplicable en la práctica no solo no alcanzará