¿Cómo queda la Corte?
CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación despidió el jueves al Ministro Luis María Aguilar, el último de los designados a partir de la reforma judicial de 1995 que cubrió el periodo completo de quince años, aunque las Ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres también podrían completarlo, si son electas por voto popular en 2025.
El retiro de Aguilar deja a la Corte con solo diez Ministros y Ministras, pues la Constitución ya no prevé un mecanismo para relevarlo, mientras llegan los que será electos en junio de 2025.
Los siguientes nueve meses serán los últimos para otros siete Ministros y Ministras que ya presentaron su renuncia, quienes tendrán que dedicar buena parte de su tiempo a colaborar para la nominación de candidatos a una elección que todos ellos rechazan, e incluso para calificar la validez de la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).
La Corte nunca ha estado en una situación similar, de Ministros ya renunciados pero en funciones, pues la reforma del sexenio de Ernesto Zedillo, a finales de 1994, simplemente ordenó la remoción de quienes entonces la integraban, para nombrar rápidamente a los once reemplazos.
Con solo diez integrantes, el Pleno de la Corte ya no tendrá los ocho votos necesarios para declarar la invalidez de múltiples leyes aprobadas en el sexenio pasado y el actual -algunas de ellas, de la mayor importancia para la 4T salvo en casos en que se sume al menos una de las tres Ministras afines al gobierno, lo que hasta ahora no ha ocurrido casi en ningún asunto.
Además, Aguilar estaba adscrito a la Segunda Sala de la Corte, especializada en asuntos administrativos y laborales.
Al quedar solo cuatro integrantes, a partir de ahora son previsibles empates frecuentes a dos votos, entre Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez por un lado, y Batres y Esquivel, por el otro, lo que hará necesario llamar a un miembro de la Primera Sala para romperlos.
La facilidad con la que Morena puede reformar la Constitución, por lo menos hasta las elecciones intermedias de 2027, quiere decir que el Gobierno puede hacer cambios a la Carta Magna para prevenir o corregir sentencias de la Corte, diluyendo en buena medida su principal atribución.
Por ejemplo, tanto el Pleno de la Corte como las dos Salas, ya han declarado inconstitucionales varios intentos de prohibir los cigarros electrónicos y vapeadores, primero en el sexenio de Felipe Calderón, y con mucha más intensidad, mediante varios decretos presidenciales y reformas legales, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para superar este obstáculo y cualquier posibilidad de nuevas sentencias de la Corte, Morena se dispone a aprobar la iniciativa de López Obrador para reformar el artículo 4 de la Constitución, que ahora prohibirá “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, poniéndolos en la misma categoría que el fentanilo.
Sin 8 votos para invalidar
Leyes secundarias de la reforma judicial que da “superpoderes” a presidenta del INE para nombrar funcionarios.
Fondo de Pensiones para el Bienestar (uso de fondos de cuentas inactivas en Afores).
Plazas automáticas como maestros a normalistas.
Extinción de 109 fideicomisos del Gobierno.
Clasificación de ciertos delitos como graves en ley secundaria.
Doce reformas del “viernes negro” del Senado en 2023, incluidas:
-Creación del IMSS-Bienestar.
-Reforma para mayores requisitos a minería.
-Permiso a Sedena para operar aerolínea y aeropuertos.
-Pago de turistas extranjeros para subsidiar Tren Maya.
-Aeropuertos bajo control militar.
-Facultad al Ejecutivo para dar amnistía a reos.
No requieren 8 votos
Consultas de Jueces sobre suspensiones contra reforma judicial
Tope a salarios en el Inegi y órganos autónomos
Posible inaplicación de la prisión preventiva oficiosa
Inconstitucionalidad de la cadena perpetua.
Litigios fiscales de Elektra por 35 mil millones de pesos.
Casos pendientes en las Salas, en general.
Sin materia por reformas a la Constitución
Extinción de fideicomisos del PJF.
Control de puertos a la Marina y otras funciones civiles asignadas a militares.
Preferencia a CFE sobre empresas privadas.
Estatización del litio.
Omisión del Ejecutivo de nombrar comisionados del IFT.
Omisión del Senado de nombrar comisionados del INAI.
Límites a la suspensión y la sentencia de fondo en juicio de amparo.
Agencia Reforma
