Chihuahua, segunda entidad con mayor eficacia para sancionar casos de corrupción: Transparencia Mexicana
Solo 7.1% de las investigaciones realizadas por órganos de fiscalización superior en México termina en alguna sanción
Chihuahua.- Chihuahua se posicionó como la segunda entidad del país con mejores resultados en la obtención de sanciones por casos de corrupción administrativa, de acuerdo con un análisis realizado por Transparencia Mexicana.
El informe, difundido a unos días de que se presente un paquete de reformas en materia anticorrupción, revela que únicamente 7.1% de los casos investigados por los órganos de fiscalización superior de México concluye con algún tipo de sanción impuesta por los tribunales de Justicia Administrativa.
Transparencia Mexicana explicó que el estudio analiza las facultades otorgadas en 2015 a los órganos de fiscalización superior federales y estatales para investigar faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción.
En el comparativo nacional, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) acumuló 69 sanciones, cifra que la coloca en el segundo lugar nacional. Nayarit encabeza la clasificación con 97 sanciones, mientras que Zacatecas ocupa el tercer sitio con 63.
El análisis contempla los resultados registrados desde la entrada en vigor de estas facultades en 2015 y será entregado al Congreso de la Unión como insumo para el análisis de las posibles reformas a la legislación en materia de fiscalización superior previstas para este año.
Transparencia Mexicana señaló que la investigación se realizó con la participación de órganos de fiscalización superior y tribunales de Justicia Administrativa de las entidades, como parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades”, desarrollado por el Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró positiva la propuesta de revisar la inmunidad procesal, conocida como fuero, para facilitar las investigaciones relacionadas con corrupción gubernamental.
Sin embargo, advirtió que esta medida debe acompañarse de acciones que incrementen la posibilidad de que las investigaciones concluyan en sanciones y reduzcan la impunidad tanto en el ámbito penal como administrativo.
La organización sostuvo que los resultados del estudio permitirán a los poderes Ejecutivo y Legislativo evaluar el funcionamiento del actual marco jurídico y determinar posibles modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior.
