Tribunal británico declara ilegales las tarifas de inspección veterinaria en mataderos
El sistema de cobro aplicado a la industria cárnica del Reino Unido para financiar los controles oficiales de higiene y seguridad alimentaria fue declarado ilegal por el Tribunal Superior británico, en una resolución que podría tener importantes repercusiones para el sector.
La sentencia responde a una demanda presentada de manera conjunta por la Association of Independent Meat Suppliers y la British Meat Processors Association contra la Food Standards Agency, organismo responsable de la regulación alimentaria en el Reino Unido.
La jueza encargada del caso concluyó que el esquema tarifario utilizado por la FSA para cubrir los costos de los controles oficiales en mataderos presentaba irregularidades tanto en su estructura como en su metodología de cálculo.
Actualmente, estos controles representan un gasto anual de alrededor de 64 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de 75 millones de euros, y este año registraron un incremento del 24 por ciento.
Como parte de la resolución, la FSA aceptó la anulación de las tarifas por hora aplicadas al sector y de los datos de costos que sustentaban dichos cobros. El tribunal continuará analizando los términos específicos de la orden judicial y las medidas que deberán implementarse.
El origen del conflicto se encuentra en el modelo de supervisión adoptado por la agencia, que subcontrata a empresas privadas para realizar inspecciones oficiales en los mataderos y posteriormente supervisa su ejecución. Las asociaciones demandantes argumentaron que este esquema genera ineficiencias y favorece un aumento de los costos facturados a la industria.
La resolución judicial determinó que ciertos gastos derivados de la doble gestión administrativa y de la contratación de veterinarios con cualificaciones no adecuadas no pueden trasladarse legalmente a las empresas cárnicas.
Representantes de la industria celebraron el fallo. Desde AIMS señalaron que durante años se aplicaron cargos que no contaban con respaldo legal suficiente, mientras que la BMPA consideró que la sentencia evidencia deficiencias históricas en la política de tarifas aplicada por el organismo regulador.
Por su parte, la National Farmers’ Union respaldó la decisión judicial y destacó que el resultado beneficiará especialmente a los pequeños y medianos mataderos, así como a los productores ganaderos que dependen de ellos.
La FSA informó que solicitará autorización para apelar la sentencia. Su directora ejecutiva, Katie Pettifer, aseguró que la agencia actuó de buena fe al establecer las tarifas y sostuvo que gran parte de los cobros realizados no están siendo cuestionados por el tribunal.
No obstante, reconoció que la resolución genera incertidumbre sobre algunos aspectos del sistema de financiamiento de las inspecciones y adelantó que se proporcionará mayor información una vez que avance el proceso legal.
Las autoridades británicas reiteraron que la seguridad alimentaria seguirá siendo una prioridad y que las labores de veterinarios e inspectores en la industria cárnica, valorada en más de 11 mil millones de libras esterlinas, continuarán operando con normalidad mientras se resuelve la controversia.
